La personalidad de los hombres y mujeres que viven en una sociedad es construida por su cultura. Es la cultura la que determina cada uno de los comportamientos del ser humano. Desde la niñez un esquema de tiempo y espacio forja en el individuo una identidad, y esa identidad está compuesta de ciertos valores que, desde el lenguaje hasta el sentido de la justicia, interiorizan en los ciudadanos una multiplicidad de parámetros conductuales.
Esos parámetros de comportamiento que son transmitidos por la cultura convierten al ser humano en ser social; de este modo, llega un momento en que su conducta está determinada por la cultura en que ha sido forjado. Entonces, los ciudadanos asumirán en lo adelante como válidas las reglas que su sociedad les ha transmitido y se comportarán atendiendo a los patrones establecidos por el código social que es su cultura.
Muchas veces los mandatos éticos son más poderosos que los de la ley que emana del Estado, por eso es preciso inspirar la norma legal en los valores morales defendidos por la sociedad y así evitar reacciones negativas a los mandatos del ordenamiento jurídico.
Cada cultura es distinta, y en consecuencia, muchos de los valores que dan contenido a un sistema cultural, están ausentes en unas, aumentados en otras, y en algunas están disminuidos. Episodios históricos distintos, influencias ideológicas diferentes, aptitudes ante la vida que varían de un lugar a otro, explicaciones de la existencia humana que organizan respuestas opuestas entre una cultura y otra, son todos puntos de vista contrarios que terminan dotando a las sociedades de sistemas morales también diferentes.
Siempre hay en la sociedad una cultura jurídica que directa o indirectamente ha enseñado al ciudadano las reglas que garantizan el orden de la comunidad y la convivencia pacífica. No obstante, cada sociedad tiene una concepción diferente acerca de lo que debe ser el derecho. Digamos pues, que entre las reglas morales y las reglas legales, la sociedad ha adoptado conciencia de que tales reglas son necesarias y ha identificado autoridades legítimas de las que acepta mandatos y a las que tributa obediencia, en tanto que entiende que ese compromiso es lo único que garantiza la paz social.
Sin embargo, los ciudadanos también suelen descubrir límites de obediencia al derecho. La regla jurídica puede encontrar un gran obstáculo cuando pretende desconocer los patrones de conducta social, o cuando excede el límite de lo que la sociedad considera como posible. En ese sentido, elegirá entre todas las opciones aquella que considere más justa, según los valores interiorizados por su cultura.
DÍEZ-PICAZO afirma que «La decisión de un problema jurídico se ha realizado, probablemente, siempre —y todavía hoy se realiza— dentro de y con arreglo a un conjunto de creencias, convicciones, sentimientos y prejuicios en los que el material normativo se inscribe. Compete, pues, a la ciencia del Derecho la tarea, eminentemente sociológica, de constatar cuáles son estas coordenadas, válidas para el conjunto social, que sirven de soporte y, en definitiva, dotan de validez a las normas, así como averiguar en qué medida cambian o han cambiado».
La sociedad entiende que las leyes son necesarias para la preservación de la comunidad, pero las asimila cuando sus preceptos quedan dentro de la racionalidad práctica. Si se atenta contra sus valores culturales reacciona rechazando el derecho y desobedeciéndolo o transformándolo hasta adaptarlo al marco de racionalidad definido por su cultura jurídica.
FINNIS entiende que una norma será validada por la comunidad en la medida en que se explica desde la racionalidad práctica de la sociedad, en tanto que una regla será obligatoria siempre que la comunidad la considere como una buena razón para obedecer. Una norma no puede limitarse a imponer un mandato en virtud de la letra y la imaginación, tampoco en virtud de esquemas ajenos a la sociedad receptora; la obediencia al derecho viene garantizada por la correspondencia de la norma con la mentalidad cultural de la nación y con sus estructuras políticas y económicas.
Por: Daniel Beltré Acosta y Patricia Cantisano
